Bienes públicos (el problema del free rider)

Concepto de bien público. El free rider. Bienes públicos puros e impuros.

 

Un bien público se diferencia de un bien privado debido a una serie de características, en

primer lugar, tiene que ser de consumo no rival, esto se refiere a los casos en el que el

consumo de una persona no impide o reduce el consumo de otra persona. Como ejemplo

clásico, es la defensa nacional, un ejército protege al país entero de un ataque, el hecho de

que nazca un niño no aumenta los costes militares; otro ejemplo, el del faro. Esta

característica de consumo rival /consumo no rival, diferencia claramente los bienes públicos

de los privados. Un ejemplo de un bien de consumo rival, puede ser una coca cola, esa

misma lata no puede ser bebida completa por dos personas diferentes.

 

En segundo lugar, tenemos la propiedad de exclusión. Esto consiste en si podemos excluir

a una persona de los beneficios de un bien público sin incurrir en grandes costes. En el

ejemplo anterior, si el país está defendido de los ataques del extranjero, todos los

ciudadanos están protegidos siendo difícil excluir a una persona de esa protección. Es

evidente que si la exclusión es imposible, también lo es la utilización de un sistema de

precios, ya que los consumidores no tienen ningún incentivo para pagar, al contrario de los

bienes privados que siempre tienen la propiedad de exclusión.

 

Por tanto, los bienes públicos se caracterizan por el consumo no rival y la imposibilidad de

excluir a nadie de sus beneficios, los que cumplen estas dos propiedades, son

denominados como bienes públicos puros.

 

Los programas públicos de sanidad o defensa nacional suministrados por el Estado tienen

la propiedad de que no es posible excluir a nadie de su consumo, lo que hace inviable el

racionamiento mediante un sistema de precios (ejemplo el programa internacional de

vacunación de la viruela). La inviabilidad de un sistema de racionamiento basado en los

precios implica que el mercado competitivo no genera una cantidad del bien público

eficiente en sentido de Pareto. Todos los ciudadanos saben que seguirán beneficiándose de

estos servicios por lo que no tendrán ningún incentivo para pagarlos voluntariamente, es la

razón por la que se debe obligar a financiar estos bienes mediante impuestos.

 

La renuncia de la gente a contribuir voluntariamente a la financiación de los bienes públicos

es lo que se denomina como el problema del free rider.

 

Un ejemplo de esto puede ser el servicio de bomberos en municipios rurales, en ocasiones

son financiados voluntariamente aunque algunos individuos se niegan a contribuir. En áreas

donde los edificios están próximos, el servicio de bomberos normalmente sofoca incendios

de estas personas free rider que no contribuyen en la financiación debido a la amenaza que

supone el incendio para los contribuyentes que viven alrededor.

 

Un bien público puro es un bien público en el que los costes marginales de suministrarlo a

una persona más son estrictamente cero y en el que es imposible impedir que la gente

reciba el bien (la defensa nacional es uno de los pocos ejemplos de bien público puro).

 

Los costes de la exclusión. No se trata tanto de la viabilidad del racionamiento como el

coste. El ejemplo de la televisión y la radio, tienen las dos propiedades de bien público, su

consumo no es rival, sin embargo, se puede excluir a algunos consumidores codificando la

señal, esto lleva a una serie de costes. La exclusión, tanto en el caso de los bienes privados

como en los bienes públicos, tienen, desde luego, costes, llamados costes de transacción

(como los sueldos de los cobradores de peajes de las autopistas por peaje), en algunos

casos, estos costes pueden ser grandes. 

 

Los bienes públicos puros tienen la propiedad de que si una persona compra una cantidad

mayor de uno de ellos, su consumo por parte de todas las personas aumenta en la misma

cuantía (naturalmente, el Valor que conceden al aumento del consumo puede variar de unas

a otras personas).

 

Los bienes cuyo consumo genera externalidades tienen la propiedad de que afectan a otros,

pero no necesariamente en la misma cuantía, estas externalidades pueden concebirse

como una especie de bienes públicos impuros.

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