El nuevo sistema político-social quedó configurado, en sus elementos básicos, así en el orden fiscal y financiero como en el monetario, comercial, educativo, sanitario o, incluso en el terreno de las comunicaciones y del urbanismo. Los comienzos no fueron muy esperanzadores, puesto que la situación económica del Estado bordeaba la quiebra a causa del elevado endeudamiento del largo ciclo de guerras que se arrastraba desde los últimos años del siglo XVIII. 

En 1845, el ministro Alejandro Mon, bajo la inspiración técnica de Ramón Santillán realizó una importante reforma fiscal, en aplicación del principio de proporcionalidad, ya introducido por la Constitución de 1812 en su artículo octavo: “todo español está obligado, sin distinción alguna, a contribuir en proporción de sus haberes”. 

La ley de 1845 supuso una gran transformación del régimen fiscal con la unificación y sistematización de los tributos, dando mucha mayor importancia a los impuestos directos de producto, particularmente la contribución territorial y la contribución industrial y de comercio, que a los indirectos, cuya figura más importante fue el impuesto de consumos. La reforma fiscal permitió la recuperación de la Hacienda durante los primeros lustros del reinado de Isabel II y posibilitó cierto desarrollo de las obras públicas y otras acciones de fomento, aunque en un horizonte liberal, de preferencia por la mínima intervención del gobierno. 

En 1851, Bravo Murillo, realizó una rigurosa conversión de la deuda acumulada durante el largo período de guerras. En respuesta de esta decisión unilateral contra los compromisos asumidos ante los tenedores de deuda, las bolsas de Londres y París se cerraron a la negociación de valores públicos españoles. 

Dos sucesivas reformas arancelarias, en 1841 y 1849, suavizaron algo el proteccionismo arancelario y pusieron fin al prohibicionismo estricto en el comercio de importación. En 1844 y 1847, grupos de grandes comerciantes de Barcelona y Cádiz lograron autorización para constituir bancos de emisión en sus respectivas plazas. 

La ley de sociedades anónimas de 1849 introdujo algunas restricciones del sistema impuesto por el Código de Comercio de 1829. En 1849, el gobierno declaró obligatorio el sistema métrico decimal, lo que suponía la unificación de los muy diversos patrones tradicionales de pesos y medidas en la línea de la formación de un mercado interior integrado. A mediados de siglo, se emprendieron otras líneas de reforma. 

La construcción a gran ritmo de la trama básica de la red ferroviaria, financiada mayoritariamente por capitales franceses, fue la pieza principal. La ley general de Ferrocarriles de 1855 precedió de muy poco tiempo a la creación de 1856-1857 de un alto número de entidades de crédito, entre las cuales las que aún, en la segunda década del siglo XXI, son los bancos más importantes del país: Santander, Bilbao o BBVA. Además, la nueva regulación concedió al Banco de San Fernando la condición de banco central bajo el nombre de Banco de España.  

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