La privatización de las tierras públicas, que fue el elemento de la reforma liberal que más contribuyó a modificar la distribución de la propiedad territorial en el siglo XIX, se llevó a cabo a través de repartimientos, usurpaciones y ventas públicas. 

Se establece el objetivo de supresión de las prácticas de propiedades comunales. Los liberales hablan de ineficiencia en el uso de las propiedades comunales, respaldada por la filosofía liberal referida a que cuando uno es propietario de los bienes de forma individual prima la eficacia y eficiencia en la explotación del mismo, primea el sentido/perspectiva de beneficio individual, a diferencia de una explotación comunal, donde la importancia es menor. Se da prioridad a los intereses de los particulares sobre los colectivos. 

Con la libertad de cercamiento, el particular puede cercar tierra sin peligro de conflicto ya que dispone de derechos para hacerlo, sobre todo, ante posibles problemas originados por la Mesta y los ganaderos a la hora de pastar el rebaño, queda reflejado en la derrota de mieses, que era el derecho que tenía el ganado a pasar por la tierra de otros; empiezan a prevalecer los intereses de los particulares sobre los colectivos. (Aunque todas las servidumbres[1] de paso aún no han desaparecido).

Los ayuntamientos, con la aprobación de la diputación provincial correspondiente, debían distribuir las tierras municipales de acuerdo con las siguientes prioridades: 1) se entregarían porciones de baldíos a los acreedores de la Hacienda; 2) con el resto de baldíos y con los terrenos de propios y arbitrios se formarían pequeños lotes que se donarían a los oficiales retirados, a los soldados licenciados y a los civiles que hubiesen participado en partidas guerrilleras; y 3) si aún quedasen tierras por asignar, éstas se repartirían por lotes entre los vecinos que las solicitaran y que no fuesen propietarios. 

Tres factores impulsaron el proceso privatizador en estos años: 1) los partidarios de minimizar los rompimientos en terrenos concejiles (ganaderos estantes y trashumantes y grandes propietarios de fincas rústicas) ya no contaban con suficiente poder para contener las iniciativas roturadoras[2] de los campesinos, la Mesta empieza a perder su influencia y poder, dando como consecuencia de la desaparición de la misma en 1836; 2) la desconfianza de los acreedores de la Hacienda acerca de que ésta pudiera devolverles las cantidades que les adeudaba; y 3) las graves dificultades financieras de los municipios para hacer frente a las demandas y a las exacciones de los ejércitos. 


[1] Derecho real que limita el dominio de un predio a favor de las necesidades de otro. 

[2] Apertura progresiva de nuevas tierras. 

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