José Bonaparte, las Cortes de Cádiz y las Cortes del trienio decretaron la supresión y/o la reforma de las órdenes religiosas. Eliminación de tierras amortizadas, de tierras que estaban en manos muertas y que se incorporarán al mercado. Es un proceso, que se acompaña de otro objetivo que tenía la Hacienda que es proveerse de recursos, hablamos de una hacienda que no tenía dinero para cubrir los gastos que eran creciente. Los bienes de los monasterios y conventos suprimidos fueron aplicados al crédito público. 

Las tierras expropiadas, las de las instituciones eclesiásticas, por un lado, pierde poder en el conjunto del Estado con la supresión del diezmo, las funciones de la Iglesia estarán a disposición del Estado, además, se producirá la incorporación de tierras al mercado, que, además, conseguirá ingresos con su venta. 

Los objetivos ideológicos se deben a la concepción liberal de la propiedad, los fiscales a la recaudación como hemos dicho. 

En un primer proceso, se produce la expropiación de bienes de la Iglesia, con la división de clero secular y clero regular[1]. En principio los bienes del clero secular[2] no se tocan, o al menos, en menor medida. Con carácter definitivo, la desamortización eclesiástica se inició en 1836. En ese año, Juan Álvarez Mendizábal (desamortización de Mendizábal, 1836-1844), tras haber suprimido la mayor parte de conventos y monasterios en 1835, ordenó la desamortización de los patrimonios del clero regular; posteriormente, Espartero (desamortización de Madoz, 1855-1867) amplió la desamortización a los bienes del clero secular. Pascual Madoz dispuso la venta, en pública subasta y a pagar en metálico en el plazo de catorce años, de los bienes raíces, censos y foros que quedaban por desamortizar de la Iglesia, beneficencia y de instrucción pública; de las tierras de propios, de los municipios; y de las tierras comunales de cualquier especie. 

La necesidad de sostener el crédito público, imprescindible para lograr los recursos suficientes con los que hacer frente a la insurrección[3] carlista, fue el factor desencadenante de la desamortización eclesiástica de 1836. También constituyó una pieza esencial de la reforma de la Iglesia y un útil instrumento para incrementar y consolidar el grupo de propietarios de tierra y, por ende, para ensanchar la base social del liberalismo. 

Los bienes expropiados se sacan a subastas otorgando cierta facilidad de acceso a ellas por parte de la población, esto producirá, que las tierras terminen en aquellas manos que tenga poder económico para adquirirlas. El pago de las subastas, puede ser por medio de títulos de deuda pública. Produciendo malversación de fondos en muchos casos debido a la devaluación de esos títulos.

La Hacienda Pública, intentó cubrir ese hueco al expropiar los bienes, por medio de indemnizaciones, de la entrega de títulos de deuda pública, una fuente de renta para que pudieran sostenerse, medida que no fue suficiente. En el caso de la Iglesia, se desarrolla el compromiso por parte del Estado de su sostenibilidad directa; institución que proporciona los servicios espirituales a la población por medio de la creación de un impuesto que sería específica para su financiación. 

Se dijo que, en principio, solo se iba a expropiar bienes de propios, sin embargo, no fue así, y también se expropiaron bienes comunales que eran fácilmente convertibles en bienes de propios, en la que solo hace falta la declaración de la tierra por parte del municipio (Bosques, las Cañadas del Teide – La Orotava – bien comunal). 


[1] Pertenecen a una comunidad de religiosos.

[2] Sin pertenecer a una comunidad de religiosos.

[3] Sublevación. 

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.