La política agraria de los Borbones, presencia de una idea reformista orientado a la ideología de la Ilustración, sin pretender eliminar las figuras del Antiguo Régimen, al contrario, reforzar la monarquía absoluta con una presencia del rey muy relevante quitándose la presión de los señores feudales, el rey no era una figura independiente, sino que necesitaba el apoyo de los señores feudales. Se producen cambios, como la supresión de pequeños ejércitos por parte de los señores, pasando el rey a ser una figura independiente.

Por otro lado, tenemos la presión de la Iglesia y como acontecimiento la expulsión de jesuitas de España. No quiere decir que la Corona Española no sea católica y cristiana, que lo es, sino en lo referente a la posición de poder con el rey. 

Su obra principal de difusión es la Real Sociedad Económica de Amigos del País, que une aristócratas, militares, clérigos, etc., preocupados por la economía del país, formando parte como asesores económicos de la Corte. Se plantean reformas para el aumento de la producción agraria, como la mala distribución de la propiedad de la tierra o el reparto/necesidad de las mismas a los habitantes. 

El reparto de tierras concejiles, cuyo objeto inicial era repartirlas a cualquier habitante, luego cambió, y se repartió a quiénes tenían los recursos para poder explotarla. Ya que los ilustrados españoles anhelaban construir una sociedad de pequeños y medianos labradores que gozasen de estabilidad en el usufructo de la tierra siendo propietarios o a través de contratos de cesión de fincas. Estas ideas, debían llevarse a cabo sin alterar los mecanismos de distribución del producto y sin poner en cuestión los pilares básicos del orden estamental. 

Los gobiernos borbónicos comenzaron a destinar recursos de la Hacienda y a renunciar al cobro de ciertos tributos para fomentar la expansión de determinados sectores o para contribuir a mejorar determinadas infraestructuras. 

La colonización de tierras, la liberalización del comercio de granos, la regulación de los contratos agrarios, los repartos de terrenos concejiles y la moderación de los privilegios de las cabañas trashumantes constituyeron los asuntos principales abordados por la reforma agraria ilustrada. 

La colonización de tierras se pone en marcha con el proyecto de “Nuevas poblaciones de Sierra Morena”, proyecto en el cual se destaca la figura fundamental de Pablo de Olavide, esta actuación constituyó una empresa colonizadora de gran relieve con objetivos principales que fueron: 1) fundar una sociedad agrícola modelo, 2) mejorar la seguridad en el camino real entre Madrid y Andalucía, y 3) poblar unos “desiertos”. Los resultados fueron pocos satisfactorios sobre todo debido al alto coste que presentó. 

El 11 de julio de 1765 se autorizó, aunque con importantes restricciones, el comercio de reventa de granos y suprimió la tasa sobre dichos productos. Ocurrió en un contexto de fuerte elevación del Precio del trigo, agudización de los problemas de abastecimiento de este cereal y de polémica doctrinal y política entre partidarios y detractores de una cierta liberalización del mercado de cereales. La reforma de este año, pese a sus limitaciones y dificultades operativas, provocó ciertos cambios en el funcionamiento de los mercados de grano: por un lado, la liberalización animó a distintas personas a participar o a participar más activamente en el comercio de reventa; y por otro lado, la supresión de la tasa estimuló los almacenamientos, lo que hubo de traducirse en una distribución temporal algo menos desigual de la oferta de granos. 

Los gobiernos intentaron poner remedio a la situación de miseria de numerosos cultivadores directos con diversas actuaciones en tres campos: el régimen de tenencia de la tierra, la explotación de los patrimonios territoriales públicos y los privilegios mesteños. 

En Galicia, la renovación de los foros, en un contexto de presión de la población sobre los labrantíos y percepción de rentas relativamente reducidas por parte de los propietarios del derecho eminente, se tornó en un tema muy conflictivo. Finalmente, los contratos de foro, pasaron a tener un carácter indefinido.

Los ilustrados pensaban que el potencial productivo de las tierras municipales no estaba siendo plenamente aprovechado. El problema no era meramente coyuntural, un elevado porcentaje de pequeños productores agrarios, sobre todo de la mitad meridional, se hallaban mal dotado de labrantíos y pastizales y accedía a éstos en unas condiciones muy onerosas. La principal respuesta de los gobiernos ilustrados a este problema consistió en el reparto de tierras municipales. 

Las prioridades de reparto de estas tierras variaron debido a distintos factores, finalmente, se optó por el reparto de esas tierras a aquellas personas que pudieran sacarle productividad con orden de: 1) los labradores de una, dos y tres yuntas; 2) los braceros y senareros, y 3) los labradores de más pares de yuntas, en proporción a las tierras que necesitasen y pudiesen cultivar, y 4) si aún sobrasen tierras, se subastarían y se admitirían las pujas de forasteros. Las roturaciones en tierras concejiles progresaron a ritmo bastante lento hasta 1808 debido a la fortaleza política que aún conservaban los grupos partidarios de minimizar la extensión de los cultivos. 

La Mesta constituía uno de los principales estorbos para la construcción de la sociedad rural ideal de los ilustrados de pequeños y medianos productores agrarios. La legislación ilustrada recortó el derecho de posesión, que impedía que el ganado trashumante pudiera ser desahuciado de unos pastos, excepto cuando no se satisficiesen las rentas correspondientes o cuando el dueño de las hierbas demostrase que las necesitaba para sus propios rebaños. Diversas disposiciones, establecieron un sistema de tasación y reparto de los pastos de propios y arbitrados entre los vecinos de cada municipio, de modo que los ganaderos trashumantes perdieron sus posesiones en tales pastizales y sólo pudieron participar, desde entonces, en las subastas organizadas para arrendar las hierbas sobrantes en la dehesas de propios y arbitradas. Las grandes cabañas trashumantes no se vieron afectadas, sin embargo, sí los pequeños y medianos rebaños serranos que cada vez encontraban más dificultades para contratar pastos invernales que precisaban. 

Además, se desmanteló un elemento esencial para la observancia de los privilegios del ganado trashumante que fue el aparato judicial mesteño. 

En síntesis, el reformismo ilustrado no eliminó los principales estrangulamientos de la agricultura, pero favoreció que las ideas pudieran circular y enfrontar algunos problemas. Sin duda, el liberalismo español, que apenas podemos vislumbrar en los textos anteriores a la guerra de la Independencia, se engendró, en buena medida, en el seno de la corriente ilustrada. 

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